I. “La política laboral del gobierno usurpador atiende solo al interés patronal”, declara Bertha Luján.

II. Apuntes sobre el X Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos Laborales ocurridas durante 2006

III. Hacia la construcción de una alternativa de organización político-sindical: El Frente Único de los Trabajadores (FUT)

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“LA POLÍTICA LABORAL DEL GOBIERNO USURPADOR ATIENDE SOLO AL INTERÉS PATRONAL”, DECLARA BERTHA LUJÁN.

Con las resoluciones laborales en contra de los intereses de los trabajadores mineros y de los sobrecargos de Mexicana de Aviación, el gobierno espurio muestra su servilismo con los grandes empresarios de nuestro país y hace ver que sigue pagando facturas a quienes lo impusieron en el cargo, aseguró la secretaria del Trabajo del gobierno legítimo, Bertha Elena Luján.

“No contento con entregar la empresa Mexicana de Aviación a quienes lo apoyaron económicamente, al Grupo Posadas, encabezado por Gastón Azcárraga, el presidente pelele, Felipe Calderón, a través de las autoridades laborales hoy golpea directamente a los trabajadores con una resolución que lesiona gravemente los derechos laborales”, puntualizó.

Asimismo —subrayó— el gobierno usurpador declara inexistente la huelga de los mineros con base en argumentos ilegales, con la deliberada intención de favorecer al Grupo México, un consorcio que se ha destacado por la intromisión directa en la vida sindical y por incumplir las normas sobre protección y seguridad en el trabajo.

La funcionaria lopezobradorista hizo énfasis en que “a partir de la demanda patronal de naturaleza económica que planteó desde hace dos meses disminuir derechos y prestaciones a los sobrecargos de la línea Mexicana de Aviación, presentada con múltiples deficiencias porque nunca se precisó lo que se quería, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, contando con el voto patronal y del representante del gobierno, resuelve que serán los trabajadores los que con la disminución dl 35 por ciento de su salario, saquen a la empresa adelante”.

Explicó que el laudo se dicta con alto grado de parcialidad, que incluso amplía los reclamos patronales a temas que no aparecen en el expediente, como son las jornadas laborales, vacaciones y vuelos transoceánicos. En cambio, los empresarios son llamados a invertir para dar liquidez a la empresa, sin precisar cómo y cuándo deben hacerlo, aclaró.

Luján Uranga manifestó que el precio de compra de la empresa Mexicana de Aviación debió contemplar necesariamente los pasivos, incluidos los de carácter laboral. “Esto quiere decir, que el comprador descontó de lo que la empresa tenía o de sus activos, lo que debía, incorporando lo que se derivara de los créditos laborales existentes en ese momento”.

Además, los nuevos propietarios de Mexicana se comprometieron a invertir, “pues estaba claro que éste era uno de los objetivos en la transacción: la posibilidad de mantenerse y crecer. Sin embargo, en su demanda, los nuevos empresarios comprometieron la inversión al cambio de reglas para disminuir los costos y créditos laborales, como si éstos nunca se hubiesen tomado en cuenta en la negociación”, agregó.

La secretaria del Trabajo del gobierno legítimo de México mencionó que en todo momento los trabajadores dieron muestras de disposición a colaborar, “para sacar adelante la situación planteada por los nuevos dueños, aceptando en ocasiones dejar en ceros el incremento salarial. Sin embargo, se ha comprobado que la crisis de Mexicana no se debe a los trabajadores o a los costos laborales”, precisó.

Según los peritos contratados por la empresa, las causas de la crisis son de otra índole, incluida una pésima administración en distintos periodos o la falta de inversión, por ejemplo, destacó.

En el caso de los mineros, expuso, las causales por las cuales se declaró inexistente la huelga no están consideradas por la ley. La norma dispone que las huelgas serán inexistentes solamente en casos de falta de forma, fondo y de mayoría. Los mineros cumplieron con los requisitos previstos en la ley; sin embargo, la declaración de la autoridad se dicta por razones distintas, con lo cual se acredita la ilegalidad de la resolución, estableció.

Dijo que “la causal de inexistencia es la reproducción de una receta aplicada en los tiempos de Arsenio Farell, la cual consiste en que no fue clara la voluntad de los trabajadores en la redacción de las actas que deben anexarse al pliego de peticiones”.

La ley establece como medio ideal para comprobar la voluntad de los trabajadores el recuento y el sindicato lo exigió, pero la Junta Federal se negó a que se realizara para evitar que quedara demostrado que la voluntad de los trabajadores era la huelga, abundó.

Con estos dos importantes casos, aseguró Bertha Elena Luján, “queda en evidencia que la política laboral del gobierno del presidente pelele, Felipe Calderón, atiende solo al interés patronal. Los derechos laborales y la ley no cuentan. Estos atentados contra los intereses de los trabajadores deben ser denunciados, además de exigir el cumplimiento del estado de derecho y el respeto a las garantías constitucionales que protegen al trabajador”, enfatizó.

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APUNTES SOBRE EL X INFORME* SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES OCURRIDAS DURANTE 2006

Informe publicado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral, .A.C. (CEREAL) en abril del 2007. Correo: cereal@prodigy.net.mx

El siguiente documento lo hemos recogido de la página de internet de la Secretaría del Trabajo del gobierno legítimo de México, que a su vez ofrece un resumen del reporte que sobre violación de derechos humanos en el ámbito laboral presentó en abril de 21007 —como cada año desde 1997—, el Centro de Reflexión y Acción Laboral AC.

En un segundo reporte en seguida de éste, ofrecemos a nuestros lectores un resumen —elaborado bajo la responsabilidad del servicio de noticias ISA— de los resolutivos adoptados los pasados 7 y 8 de julio, durante la Primera Asamblea Nacional Preparatoria para la fundación del Frente Único de los Trabajadores (FUT).

Con ambos textos, esperamos aportar a una panorámica aunque sea incompleta de la situación que se vive entre los trabajadores mexicanos y sobre algunas de las experiencias de organización y lucha que se presentan.

Este informe que presenta cada año, desde 1997, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, .A.C., que se subtitula: “El gobierno del cambio: un fracaso para las y los trabajadores. El nuevo sexenio panista, lo mismo pero más precario”, hace un recorrido por los principales conceptos de violación a los derechos humanos laborales durante el primer gobierno panista, pasando por las violaciones al derecho a un empleo estable, al salario suficiente, a la libertad sindical, la contratación colectiva y la huelga, estos tres últimos, pilares fundamentales de los derechos colectivos de los trabajadores mexicanos.

En esta parte se plantea con base en información verificable, la continuidad en la caída del empleo estable durante el gobierno de Vicente Fox, lo que supone el incumplimiento de una de las promesas de campaña firmadas por el ex presidente en los 20 compromisos llamados por el empleo y la libertad sindical, a petición de una expresión importante de la sociedad civil.

El informe dice que al contrario de sus promesas, el primer gobierno panista en el país se dedicó a cumplir con fidelidad las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) relativas a la flexibilización laboral, entre ellas, las que se refieren a la privatización de empresas públicas y despidos de trabajadores antes y después de la privatización; a la promoción de cambios en las leyes para flexibilizar el trabajo, incluida la supresión de restricciones para despedir a los y las trabajadoras; y la reducción de salarios, ampliando la brecha salarial entre empleados y directivos.

Se da cuenta de que el Estado mexicano incumplió la obligación que tiene en materia de derechos humanos laborales, pues omitió PROTEGER a la población, adoptando medidas que impidieran a terceros interferir en el disfrute del derecho al trabajo. Así también omitió la obligación de aplicar, esto es, de adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otro tipo para velar por la plena realización de este derecho. Y por último dejó de lado la realizacion progresiva del ejercicio de este derecho que implica tomar medidas rápidamente dirigidas a lograr el pleno empleo.

Con una introducción que recrea las condiciones del capitalismo porfirista a cien años de las huelgas de Cananea y Río Blanco, se concluye que aun cuando muchas cosas han cambiado en el panorama laboral mexicano, muchas otras siguen persistiendo. Esto se sostiene al constatar el derrumbe del Estado benefactor y la manera como nuestro país se ha inmerso en la globalización, propiciando el regreso de condiciones de trabajo que recuerdan a las existentes en México en aquella época. Como ejemplo de lo anterior, tenemos hoy los topes salariales, los despidos sin indemnización, el cierre de plantas productivas y la precariedad en los servicios de asistencia social, como nota dominante en el panorama laboral mexicano actual.

En relación con los casos concretos que ejemplifican la violación sistemática a los derechos colectivos, se reseñan: las elecciones fraudulentas seccionales en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, las elecciones en el SUTERM, el caso de los maestros de la Sección 22 del SNTE en Oaxaca, la violación al derecho a un salario suficiente en el Colegio de Bachilleres; la violación al empleo estable, a la huelga y libertad sindical en la fábrica La Estrella; dos casos en Ciudad Juárez, Chihuahua, de enfermedades profesionales como es el Síndrome del Túnel Carpiano y la situación existente en los llamados Call Centers. Se incluyen también los conflictos que hereda el gobierno espurio de Calderón, los cuales permanecen sin solución: el caso de los mineros, la APPO en Oaxaca y los campesinos de San Salvador Atenco.

Frente a la falta de voluntad del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos en lo económico, social y cultural, se desarrollaron en 2006 algunas estrategias de acción múltiple destacando: la lucha por el reconocimiento y respeto integral de los derechos humanos laborales, a partir de acciones de exigibilidad y justiciabilidad, y la formación de sujetos promotores de la defensa de los mismos. La campaña por un Pemex bajo administración pública, transparente, seguro, productivo, sustentable, eficiente y respetuoso del ambiente, las comunidades y los derechos humanos. El diálogo a favor de mejores condiciones laborales en la industria electrónica. El informe alternativo sobre la situación de los DESCA en México. El Seminario sobre transparencia, rendición de cuentas y sindicatos en el cual se planteó el uso de la Ley de acceso a la Información como una herramienta fundamental para apuntalar acciones de defensa de los derechos laborales.

Finalmente, el trabajo aborda el tema sobre la alianza entre el poder empresarial y el “nuevo” gobierno y el arribo del sector empresarial al poder a través de tres clubes o corporaciones dominantes como son el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, quienes orquestaron en las pasadas elecciones la campaña del miedo en contra de Andrés Manuel López Obrador, contando con importantes operadores estratégicos: los medios de comunicación concentrados en el duopolio Televisa y Televisión Azteca, grandes centros de educación privada y las ONG creadas para incidir en la ciudadanía, como el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, la Sociedad en Movimiento y el Consejo de la Comunicación.

Se concluye que con Calderón la tendencia de la política laboral será lo mismo pero más precario y apunta a una serie de recomendaciones para los casos de violaciones a los derechos hHumanos laborales dirigidas al Poder ejecutivo y legislativo, así como a las empresas privadas, y plantea también recomendaciones específicas sobre la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos.